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  El fraude de ley. Importante sentencia del Tribunal Constitucional

La STC 120/2005, de 10 de mayo, considera lesiva del derecho a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva por indefensión, una condena por delito fiscal basada en un fraude de ley.

lunes, 05 de septiembre de 2005

Desde la conocida Sentencia del Tribunal Supremo de la que fue ponente Marino Barbero Santos, que condenó por delito fiscal un fraude de ley cometido por unos vinateros de La Rioja que habían interpuesto, entre la bodega y el minorista, una sociedad propia que hacía las veces de mayorista o distribuidora para conseguir ahorro fiscal-, fueron muchas las críticas que la doctrina ha dirigido a aquélla corriente jurisprudencial que identificaba los casos de fraude de ley con la simulación, produciéndose una jurisprudencia verdaderamente preocupante y cada vez más lejana de un Derecho penal liberal moderno. Pareciera que el Derecho penal acudía en defensa de los intereses financieros de la Hacienda pública invirtiendo los principios básicos, de modo que se debilitaba el principio de legalidad, de mínima intervención, la presunción de inocencia, la teoría de las pruebas ilícitamente obtenidas etc... La STC 120/05 que comentamos, viene a atajar este camino. Advierte, en primer lugar, que el concepto de fraude de ley es el mismo que el del art. 6,4 del Código civil: "es una categoría que despliega los mismos efectos invalidantes en todos los sectores del ordenamiento jurídico". En segundo lugar, "el concepto de fraude de ley (tributaria o de otra naturaleza) nada tiene que ver con los conceptos de fraude o defraudación propios del Derecho penal". De este modo, la apreciación de un fraude de ley nada dice sobre la comisión de un fraude tributario, más bien al contrario, añadimos nosotros, el fraude de ley excluye la simulación y, por tanto, la infracción (tributaria o penal)sancionable. De ahí que se señale en la STC que la "utilización de la figura del fraude de ley -tributaria o de otra naturaleza- para encajar directamente en un tipo penal un comportamiento que no reúne per se los requisitos típicos indispensables para ello constituye analogía in malam partem prohibida por el art. 25,1 CE". Lo más importante, con todo, de esta Sentencia es la obligada diferencia que impone entre la simulación y el fraude, no porque se entrometa en cuestiones definitorias que sólo competen a los tribunales ordinarios, sino porque señala que si se ha declarado probado que no hay simulación, no puede haber defraudación, aunque existiera un fraude de ley. "Mientras que la simulación negocial -leemos- entraña como elemento característico la presencia de un engaño u ocultación maliciosa de datos fiscalmente relevantes, en el fraude de ley tributaria no existe tal ocultamiento (y) ya declaramos en la STC 48/1993, de 8 de febrero, FJ 3, que "si la sentencia admite que no hubo simulación en el contrato ello hace dialécticamente difícil una apreciación de fraude". Por lo demás la distinción entre negocio simulado y fraude de ley tributaria en los términos indicados, no sólo es una constante en la doctrina y en la jurisprudencia, sino que la propia normativa tributaria la ha asumido al ocuparse de una y otra figura en disposiciones diferentes (arts. 24 y 25, respectivamente en su versión modificada por la L. 25/1995; arts. 15 y 16 de la L. 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria) y al reservar la posibilidad de imposición de sanciones exclusivamente para los casos de simulación". Por último, en el FJ 5 señala la STC 120/2005 que en el fraude de ley, al contrario que en la simulación, no concurre el elemento subjetivo propio de la defraudación tributaria, "esto es un ánimo específico de ocasionar el perjuicio típico mediante una acción u omisión dolosa directamente encaminada a ello", sin que baste para la existencia del delito o infracción tributaria la existencia de un perjuicio o merma de los ingresos de la Hacienda pública. Recuerda con ello, que el injusto penal no se satisface con el desvalor de resultado (el perjuicio) sino que exige la concurrencia de un desvalor de acción (el fraude, la ocultación) como es propio de un Derecho penal que se rige por el principio de intervención mínima.





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