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  TJCE y Medio Ambiente. Europa se pronuncia sobre la protección penal del medio ambiente a través de una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sobre armonización penal e

El 13 de septiembre de 2005 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló la decisión marco del Consejo en materia de protección del medio ambiente a través del Derecho penal por entender que la directiva era el instrumento legislativo adecuado para proceder a dicha regulación.

domingo, 06 de noviembre de 2005

Con esta sentencia el TJCE da un vuelco a la práctica habitual burocrática de Bruselas consistente en adoptar decisiones marco que contienen disposiciones relativas al Derecho penal sobre la base del artículo 34 TUE en relación con los preceptos 29 y 31 del mismo texto legal; es decir, sobre la base de la cooperación judicial – el todavía tercer pilar –. La disyuntiva en cuestión giraba en torno a una decisión marco del Consejo relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal [DOCE L 29] y una propuesta de directiva de la Comisión también relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal [DOCE C 180]. La decisión marco se aprobó el 27 de enero de 2003 apelando a la mentada base jurídica, sin haberse aprobado la directiva. Ello motivo el correspondiente recurso de la Comisión (con apoyo del Parlamento) contra el Consejo, alegando, entre otras cuestiones, la inadecuación tanto de la base jurídica utilizada – que tendría que haber sido el artículo 175 TCE – como del procedimiento empleado – que hubiera debido ser el de codecisión, previsto en el precepto 251 del TCE –. Otra forma de plantear la cuestión es la siguiente: el TJCE debía pronunciarse sobre si la armonización jurídico-penal – al menos en dicho asunto – era o no una cuestión del primer pilar o del tercero y de si, efectivamente, se contaba con una base suficiente para que la Comunidad armonizara ciertas disposiciones penales. Pues bien, ante esta situación el TJCE considera que si bien las disposiciones relativas al Derecho penal contenidas en la decisión marco – en concreto se trataba de los artículos 1 al 7 – «comportan una armonización parcial de la legislación penal de los Estados miembros, especialmente por lo que se refiere a los elementos constitutivos de diferentes infracciones penales contra el medio ambiente» y que «en principio, la Comunidad no es competente en materia de Derecho penal ni en materia de Derecho procesal penal» (§ 47), ello « no es óbice para que el legislador comunitario adopte medidas relacionadas con el Derecho penal de los Estados miembros y que estime necesarias para garantizar la plena efectividad de las normas que dicte en materia de protección medioambiental, cuando la aplicación por las autoridades nacionales competentes de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias constituye una medida indispensable para combatir los graves atentados contra el medio ambiente» (§48). En su opinión, dichas armonizaciones jurídico-penales «tienen como objetivo principal la protección del medio ambiente y podrían haber sido adoptadas válidamente sobre la base del artículo 175 CE» (§ 51). Más aún, saliendo al paso de posibles objeciones que ya se han planteado reiteradamente en la doctrina penal europea respecto de la incompetencia penal de la Comunidad sobre la base de la última «coletilla» del artículo 280.4 – a saber: «dichas medidas no se referirán a la aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración nacional de justicia» - señala el Alto Tribunal Europeo que de dichas «disposiciones no puede deducirse que, en el marco de la aplicación de la política medioambiental, deba excluirse toda armonización penal, por más que sea tan limitada como la que resulta de la Decisión marco, incluso cuando tal armonización sea necesaria para garantizar la efectividad del Derecho comunitario».





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