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RESEÑAS
  EL DEBER DE AUTOTUTELA EN LA ESTAFA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León consideró que la ocultación de un documento transaccional por parte del actor en un pleito civil, no supuso el engaño bastante requerido por el tipo de estafa ya que el demandado incumplió sus deberes de autoprotección al no personarse en el procedimiento, habiendo sido debidamente emplazado.

jueves, 26 de octubre de 2006

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León confirma en su sentencia de 22 de mayo de 2006 la doctrina del Tribunal Supremo en atención al doble examen al que debe ser sometido el elemento del engaño bastante tanto en el delito de estafa del art. 248 CP como en los supuestos cualificados recogidos en el art. 250 CP. Desde esta perspectiva, la calificación del engaño como bastante pasa en un primer lugar por la óptica de un tercero ajeno a la relación creada –el hombre medio-, y en segundo lugar, por las concretas circunstancias y situaciones del sujeto pasivo quien debe observar, en todo caso, el cumplimiento de la autodefensa de sus intereses. En la referida sentencia se acusaba, en concreto, de ser autor de un delito de estafa procesal del art. 250.1.2º CP a quien reclamaba una deuda civil por incumpliendo contractual, habiendo omitido durante el curso del procedimiento la existencia de un acuerdo transaccional entre demandante y demandado que pondría fin a las desavenencias surgidas entre ambos. La referida sentencia absuelve al acusado en virtud de dos argumentos cruciales: primeramente, que la deuda reclamada era legítima y no existiría por tanto el ánimo de lucro exigido por este delito, al no haberse acreditado otro interés en el acusado que obtener la cantidad que le era contractualmente debida; y en segundo término, que el sujeto pasivo del delito, parte demandada en el pleito civil, incumplió gravemente sus deberes de autoprotección cuando, debidamente emplazado, no contestó a la demanda ni se presentó a la audiencia previa, momento en que podría haber aportado el controvertido acuerdo transaccional, siendo que tampoco recurrió la sentencia de instancia pudiendo haberlo hecho pues fue formalmente notificada. Desde hace una década, la jurisprudencia de nuestro Excmo. Tribunal Supremo ha sido constante en afirmar la vigencia del principio de ultima ratio del Derecho Penal, que no puede ser utilizado para proteger los intereses patrimoniales de aquéllos que no se protegen a sí mismos, obviando los más elementales deberes de autotutela, máxime cuando las pautas de protección a las que está obligado el sujeto pasivo sean tan fácilmente identificables y asumibles que el resultado producido responda más a la falta de diligencia del perjudicado que a la actividad engañosa del presunto autor, cuyo comportamiento difícilmente puede ser criminalizado cuando el sujeto pasivo asume motu propio riesgos que no están socialmente permitidos. Se trata pues, de adivinar si la intervención de la víctima distorsiona los criterios de imputación del error, o finalmente del perjuicio, a la conducta de engaño. Desde este punto de vista, un engaño que ha sido causa del error, puede ser un engaño no bastante en función del fin de protección de la norma, entendiendo que la norma de la estafa no protege a la víctima cuando no desplegó la diligencia que le era exigible y tenía capacidad y posibilidad de autoprotegerse o pretendía un riesgo especulativo. Eva Tomás Román. Abogada del Gabinete Jurídico Miguel Bajo.





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