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  SENTENCIA CONDENATORIA EN CASACION, ¿DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA?

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su dictamen de 6 de noviembre de 2006 ha declarado que la condena a un acusado en casación por dos cargos de los que fue absuelto en primera instancia, y la consecuente agravación de su pena, que no fueron revisadas por un tribunal superior, constituyen una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

jueves, 23 de noviembre de 2006

El Comité de Derechos Humanos en el referido Dictamen recuerda una vez más que la ausencia del derecho a revisión por un tribunal superior de la condena impuesta por un Tribunal de Apelación, después de que la persona hubiera sido declarada inocente por un tribunal inferior, constituye una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. En ese mismo sentido, se había pronunciado ya el Comité en las comunicaciones nº 1095/2002, Gomariz c España, dictamen de 22 de julio de 2005, párrafo 7.1, y 1421/2005, Larrañaga c Filipinas, dictamen de 7 de julio de 2006, párrafo 7.8. En el caso objeto de la presente comunicación, el Tribunal Supremo condenó al acusado de un delito de falsedad en documento mercantil, cargo del que había sido absuelto en primera instancia, y recalificó el delito de apropiación indebida como delito continuado, considerando por tanto, que no procedía la prescripción del mismo. La consecuencia obvia fue que dicho Tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia aumentando la pena impuesta, lo que bajo la óptica del Comité supuso una privación de revisión por un tribunal superior tanto del fallo condenatorio como de la pena impuesta, constituyendo, por tanto una violación del citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A tenor de lo anterior, el Comité instó a España, como Estado firmante del Pacto, a proporcionar al autor de la comunicación un recurso efectivo que permitiera la revisión del fallo condenatorio y la pena por un tribunal superior, y a comunicar, en su caso, las medidas a adoptar por dicho Estado. No obstante, cabe señalar que la cuestión del doble grado jurisdiccional en el ámbito penal ha sido ya resuelta en innumerables ocasiones por nuestro Tribunal Constitucional, quien ha entendido en su sentencia 37/88, de 3 de marzo, entre otras, que “de la lectura del art. 14.5 del Pacto se desprende claramente que no establece propiamente una doble instancia, sino un sometimiento del fallo y la pena a un Tribunal superior, y como estos requisitos se dan en nuestra casación, este Tribunal ha entendido que tal recurso a pesar de su cognición restringida, cumple la función revisioria y garantizadora exigida por el art. 14.5 del Pacto”. Lola Pajarón de la Fuente. Abogada.





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