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  PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y REMISION NORMATIVA EN CADENA

El Tribunal Constitucional declara contraria al derecho a la legalidad penal la condena de un médico que se anunciaba como especialista en cirugía plástica sin tener el título oficial de dicha especialidad

lunes, 04 de diciembre de 2006

En su reciente sentencia de 9 de octubre pasado, la Sala Primera del Tribunal Constitucional aborda el problema de la norma penal en blanco contenida en el art. 403 del Código penal, que castiga como intrusismo el ejercicio sin él de actos propios de una profesión que exija título académico u oficial. El interés de la sentencia estriba en la proclamación que se hace en la misma de que el principio y derecho a la legalidad penal no admite una sucesiva serie de remisiones normativas en cadena, en la medida en que con ello se vulnera la exigencia de lex certa. Se trataba de un médico que se anunciaba públicamente como especialista en cirugía plástica pero no poseía el título de tal especialidad. Frente a la condena por intrusismo que le impuso el Juzgado de lo Penal, confirmada por la Audiencia Provincial, el Tribunal Constitucional otorga el amparo y considera que para poder delimitar si se cumplía el presupuesto de dicho delito, había de acudirse no sólo a un Real Decreto (127/1984, de regulación de la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista), sino seguir descendiendo a otra normativa de inferior rango y en concreto a una resolución administrativa reguladora de los planes de formación de cada especialidad. Tal proceso de remisión sucesiva se entiende contrario al derecho a la legalidad penal del art. 25.1 CE, por vulnerar la garantía de certeza ínsita en tal derecho, señalándose que, en todo caso, la remisión debería haber acabado en el Real Decreto. Aunque existe un interesante voto particular del Magistrado Pérez-Tremps, lo cierto es que de prosperar la Doctrina contenida en esta Sentencia, habrá a su vez de revisarse la tradicional aceptación de estos supuestos de remisión en cadena como habilitantes de diferentes normas penales en blanco. Piénsese en la muy común aplicación de tales remisiones en los casos de delito contra la Hacienda pública (en que, además de las Leyes y Reglamentos del Impuesto de que se trate, ha de acudirse habitualmente, a la hora de comprobar la concurrencia de los presupuestos típicos, a otras normas de inferior rango o incluso a resoluciones administrativas), o en los –tan de moda en la actualidad- delitos contra la ordenación del territorio (en que junto a Leyes del Suelo y otras normas de carácter general, se hace preciso analizar Planes de ordenación y sus instrumentos de desarrollo). Es obvio que la aplicabilidad de esta Doctrina habrá de estudiarse caso por caso, pero de entrada puede resaltarse la Sentencia comentada en la línea de otras tantas que en los últimos tiempos advierten del especial interés del Alto Tribunal en la definición de los perfiles del Derecho penal sustantivo. Alfonso Trallero Masó. Socio del Gabinete Jurídico Miguel Bajo





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