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RESEÑAS
  INTERVENCIÓN CORPORAL QUE NO VULNERA EL DERECHO A LA INTIMIDAD

La Audiencia Provincial de Burgos, en su sentencia de 31 de octubre de 2006, consideró que utilizar como prueba pericial de cargo los resultados de la extracción de sangre efectuada al acusado con fines exclusivamente terapéuticos, tras sufrir un accidente de tráfico en que resultó lesionado, que demostraban que éste había ingerido alcohol y cocaína, no vulnera el derecho a la intimidad del artículo 18 CE.

miércoles, 28 de febrero de 2007

Los argumentos en que sostiene su decisión la Audiencia de Burgos se basan en un exhaustivo y pormenorizado examen de la jurisprudencia constitucional al respecto, desde la que enfoca la doble vertiente del derecho a la intimidad, a saber, la corporal y la personal. En primer lugar, centra su atención en si la intervención corporal en que consistió la extracción de sangre pudo constituir una eventual vulneración de la integridad física e intimidad corporal del procesado, para a continuación evaluar si, desde la más amplia perspectiva del derecho a la intimidad personal, se produjo alguna intromisión en cuanto a la información que de los resultados del análisis se revelaba y que podría suponer una quiebra del principio de presunción de inocencia. El análisis de sangre, tal y como tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional, consiste en una intervención corporal leve, que en este caso venía justificada por una evidente finalidad terapéutica, con independencia de que tal intervención se hiciera al margen de la voluntad del sujeto, que en ese momento se encontraba inconsciente. Parte la Sala de la premisa de que los Derechos Fundamentales no son absolutos, y pueden ceder a intereses constitucionalmente relevantes, por lo que entendió que el criterio correcto para dilucidar si el recorte de garantías había sido legítimo era hacer un examen de proporcionalidad de la medida adoptada por el tribunal de instancia. En este caso, esa Audiencia Provincial consideró que el interés público propio de la investigación de un delito se erige como causa legítima para justificar una intervención corporal, que por otro lado, viene amparada por una habilitación legislativa en la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, en cuanto a las pruebas para la detección de intoxicaciones por alcohol. Asimismo, y este es el argumento definitivo, existía una decisión judicial suficientemente motivada que ordenaba la práctica de la pericial sobre la tasa de alcohol que mostraban los resultados de la analítica. Igualmente, por haberse revelado mediante la pericia una información que el sujeto podría no querer desvelar, la Sala somete al criterio de proporcionalidad el sacrificio del derecho a la intimidad personal en pos del interés público legítimo, entendiendo que en el contexto de un accidente de tráfico, la medida adoptada era razonable y estaba objetivamente justificada. En base a tales argumentos concluyó la Sala que al tratarse dicha prueba pericial de la más adecuada para alcanzar el fin legítimo perseguido, determinar los hechos constitutivos del proceso penal, y no existiendo otra medida menos gravosa para lograrlo, no hubo vulneración del Derecho a la Intimidad personal y corporal que postula el art. 18.1 CE. Lola Pajarón de la Fuente, Abogada del Gabinete Jurídico Miguel Bajo.





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