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RESEÑAS
  LA SOLEDAD DE LA ACUSACION POPULAR

La Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento del procedimiento de las “cesiones de crédito del Banco Santander”, ante la solicitud de sobreseimiento del Ministerio Fiscal y dada la inexistencia de acusador particular, declarando la falta de legitimidad de las acusaciones populares para ejercitar el “ius puniendi” en solitario.

viernes, 08 de junio de 2007

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en auto de fecha 20 de diciembre de 2006, acuerda en trámite de cuestiones previas y antes de la celebración del juicio oral el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal y las defensas, declarando la falta de legitimación de la pretensión acusatoria formulada únicamente a instancia de las acusaciones populares “Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes” e “Iniciativa Per Cataluña”. La decisión de la Audiencia se sustenta en el actual art. 782.2 de la LECrim., tras la reforma operada por la Ley 38/2002, en cuya virtud se reconoce al Juez de Instrucción la facultad de acordar el sobreseimiento en el supuesto de que así lo hubiere solicitado el Ministerio Fiscal y no se hubiere personado en la causa acusador particular, otorgándole la potestad, antes de acordar el sobreseimiento solicitado, de dirigirse a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos no personados para que dentro del plazo de 15 días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. A partir de lo anterior, la Audiencia Nacional considera que la reforma operada por la Ley 38/2002 vino a precisar que sólo a los directamente ofendidos o perjudicados por el delito puede reconocérseles la capacidad de evitar el dictado del auto de sobreseimiento cuando así lo hubiere solicitado el Ministerio Fiscal, clarificando además que la legitimación para la cualidad de acusador particular dimana precisamente del carácter de ofendido por el delito, por tratarse de la víctima de la infracción punible, mientras que el acusador popular actúa en el procedimiento, sin ningún interés personal y sin haber resultado perjudicado de manera directa por los hechos denunciados. De ese modo, la Sala concluye que si la voluntad del legislador hubiera sido que el acusador popular pudiese enervar el auto de sobreseimiento, como el ofendido o perjudicado por el delito puede hacerlo, el art. 782.2 letra a) no se referiría exclusivamente a dichos ofendidos o perjudicados, otorgando al Instructor la facultad de dirigirse a los mismos para el caso en que no se hubieren personado como acusación particular y antes de acordar el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público. Recordemos que no obstante el carácter de derecho público de la acción penal, así reconocido en el art. 125 CE, dicho derecho presenta por su propia naturaleza ciertos límites y desde luego una clara distinción con la figura del acusador particular, prescribiendo literalmente el art. 101 de la LECrim. que el ejercicio de la acción popular ha de quedar supeditado a las prescripciones marcadas por la Ley. Marta Galbis “Abogada del Gabinete Jurídico Miguel Bajo”





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