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  NUMEROS DE TELEFONO OBTENIDOS POR LA POLICIA

El Tribunal Supremo considera ilegal, por afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas, la averiguación por medios electrónicos de los números de teléfono que están interviniendo en una conversación, con independencia de que no se acceda al contenido de la misma, declarando en consecuencia nulas las interceptaciones acordadas por el Juzgado a petición de la policía a partir de la obtención por ésta de dichos números.

viernes, 08 de junio de 2007

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de febrero pasado (aunque con el voto discrepante de dos de sus miembros) adopta una interpretación garantista del derecho fundamental al secreto en las comunicaciones, al declarar radicalmente nulas las intervenciones telefónicas autorizadas por un Juzgado al que la policía había facilitado previamente los números a intervenir, previa obtención de los mismos por medios electrónicos, cuando investigaba a un supuesto traficante de drogas. La resolución del Alto Tribunal, desarrollando expansivamente la Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, señala que la mera averiguación a través de tales medios de los códigos que permiten identificar el número de teléfono que está realizando la comunicación, supone una interceptación de la misma, que exige por tanto de previa autorización judicial para poder ser realizada. De otro modo, quedaría desprotegido un aspecto esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, por ser parte de éste, no sólo el contenido de la conversación telefónica, sino el hecho mismo de que se produzca a través de un determinado número de teléfono. Frente a este entendimiento, los Magistrados discrepantes consideran que la averiguación del número de teléfono que esté siendo utilizado por el investigado no puede considerase ilícita aunque se efectúe a través de aparatos técnicos, como tampoco lo sería si lo facilitase un confidente o se consiguiera a través de un listado de la compañía explotadora del servicio. Se trata, como puede verse, de una actualizada manifestación del interesante debate libertad versus seguridad y de si en definitiva el Estado, a la hora de protegerse frente a quienes lo atacan aprovechándose del avance tecnológico, puede sin más emplear instrumentos equivalentes o debe en cualquier caso someter tales medios a un entendimiento garantista de los derechos del individuo. Las razones dadas por quienes se inclinan por esta segunda opción, como la novedosa resolución que se comenta, no permiten obviar empero los riesgos que una línea interpretativa excesivamente celosa de tales derechos podría producir en la lucha contra la delincuencia organizada. Por otro lado, llevada esta doctrina a sus últimos extremos, podría considerarse igualmente ilícita la obtención a posteriori de los datos externos de comunicaciones producidas antes de la autorización judicial o de las habidas antes de la incoación del procedimiento, vedando así medios de averiguación actualmente empleados habitualmente por nuestros Tribunales. En cualquier caso, siempre resulta gratificante comprobar que el Derecho es valladar infranqueable del ciudadano frente al que ha de someterse el todopoderoso Estado. Alfonso Trallero Masó, Socio de Gabinete Jurídico Miguel Bajo.





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