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RESEÑAS
  INVASION DE LA PISCINA DE PEDRO J.

El Tribunal Supremo niega la naturaleza de un delito de coacciones y ordena la celebración del correspondiente juicio de faltas por la que fue la invasión en la vivienda del famoso periodista Pedro J. Ramírez protagonizada por el diputado de ERC Joan Puig, por entender que no fueron empleados medios violentos o intimidatorios de suficiente entidad.

lunes, 25 de junio de 2007

En su reciente sentencia de 12 de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Supremo califica como posible falta de de amenazas la intromisión de distintas personas en la piscina de la vivienda en Mallorca del Director del periódico “El Mundo” (suceso que fue portada de distintos medios de comunicación), por entender de escasa entidad y trascendencia la invasión descrita, haciendo hincapié en la distinción entre la violencia típica del delito de coacciones y la de la falta, cuya diferencia radica en la valoración de la gravedad de la acción coactiva. La meritada sentencia califica así presumiblemente como falta de amenazas la intromisión en la propiedad del periodista en base a tres argumentos: en primer término, por su finalidad exclusivamente reivindicativa, dado el carácter público de la piscina de la citada vivienda que había sido declarada bien de uso público (por su invasión en la denominada zona público marítimo-terrestre); en segundo lugar, por la escasa entidad de la acción descrita, para la que no se emplearon actos graves de violencia; por último, por la escasa duración de la intromisión, que habría cesado por la exclusiva decisión de los ocupantes. Por ello, el Tribunal concluye que, no obstante la inquietud y tensión que dicha intromisión supuso para el periodista, del todo gratuita, la conducta de los “invasores”, aunque antijurídica, no revistió la intensidad suficiente para su tipificación como delito de coacciones. Se ha de señalar que en el presente caso los ocupantes de la vivienda habían logrado penetrar en la misma después de vencer la oposición de los guardas jurados que la custodiaban. Además, el “uso público de paso” de la piscina de la vivienda del famoso periodista se encontraba suspendido temporalmente a la espera de que se presentara un proyecto para regular su utilización, lo que era perfectamente conocido por el denunciado Sr. Puig, como reconoce la meritada sentencia. De ese modo, en opinión de la que suscribe, y aunque es lo cierto que en virtud del principio de intervención mínima del Derecho penal la bondad de los fines ha de ser apreciada, no lo es menos que desde un punto de vista de la prevención general parece más prudente un reconocimiento por parte de nuestros Tribunales de la salvaguarda de los derechos y bienes de los ciudadanos frente a actuaciones por la vía de hecho conscientemente abusivas, sin que ello signifique necesariamente una aplicación in malam partem de la norma penal. Más aún, si se tiene en cuenta que el delito de coacciones no conlleva necesariamente la pena de prisión, sino que como el propio art. 170.2 CP. prevé, podrá sancionarse alternativamente con multa de seis a veinticuatro meses “según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”. Marta Galbis. Abogada del “Gabinete Jurídico Miguel Bajo”





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