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RESEÑAS
  REGISTRO DE LLAMADAS EN UN MOVIL SIN MANDATO JUDICIAL

La STC 230/2007, de 5 de noviembre, señala que vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas, el acceso por la policía al registro de llamadas realizadas con el móvil de un detenido sin consentimiento de éste y sin mandato judicial.

miércoles, 09 de enero de 2008

En línea similar a la señalada recientemente en estas mismas páginas al analizar la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2007, es ahora el Tribunal Constitucional quien en su STC 230/2007 considera inconstitucional, por vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones, el registro efectuado por la policía actuante del contenido de un teléfono móvil intervenido a un detenido, al objeto de averiguar las comunicaciones telefónicas habidas a su través y lograr con ello la identificación de otros intervinientes en el delito investigado. Con esta nueva sentencia, se confirma por el Tribunal Constitucional que, tanto conforme a su propia Doctrina como a la del TEDH, “el concepto de secreto de la comunicación cubre no sólo el contenido de la comunicación, sino también la identidad subjetiva de los interlocutores”, por lo que no puede accederse a ésta sin cumplimiento de los presupuestos exigidos con carácter general para conocer lícitamente lo que dos personas se quieren o se han querido comunicar. Se trata, pues, de un paso más en una línea claramente garantista en defensa de los derechos individuales, frente a tentaciones utilitaristas en la lucha contra la delincuencia organizada; paso que toma partido en el controvertido debate que señalábamos en aquel comentario, asumiendo por ello un inequívoco riesgo de desplazamiento del vector que enfrenta a libertad y seguridad en perjuicio de ésta última. No obstante, no puede obviarse que en el caso ahora resuelto por el Tribunal Constitucional, ni existía siquiera petición de autorización al Juez para el análisis del contenido del móvil, ni se trataba de prevenir o conjurar excepcionales riesgos (los condenados lo habían sido a penas de tres años por un delito contra la salud pública) y, sobre todo, preexistían otras pruebas no tachadas de ilícitas que permitían fundar la condena. De aquí que no pueda descartarse una solución diferente para supuestos distintos. Alfonso Trallero Masó, Socio de Gabinete Jurídico Miguel Bajo.





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