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  El Tribunal Supremo reconoce por fin que los Inspectores de Hacienda no pueden ser peritos en los procedimientos por delito fiscal

La muy reciente sentencia de 23 de junio de 2008, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el denominado “Caso Telecinco”, viene acompañada de un interesante voto particular emitido por el ponente de la misma, Sr. Maza Martínez, que, por vez primera y sin ambages, acepta algo que a la doctrina le parecía evidente desde hacia tiempo, pero que dicho Tribunal venía rechazando sistemáticamente; a saber, que en un procedimiento por delito contra la Hacienda Pública, no puede reconocerse la condición de perito al Inspector de Hacienda que intervino en el procedimiento administrativo de origen.

jueves, 31 de julio de 2008

A este respecto, y aunque dicho voto particular, elegantemente, señala como antecedente del mismo que una “línea doctrinal de esta Sala” ya habría establecido dicha imposibilidad, lo cierto es que la misma nunca se habría pronunciado en tal sentido. Efectivamente, el Tribunal Supremo, por ejemplo en sus Sentencias de 30 de abril de 1999, 6 de noviembre de 2000, 28 de marzo de 2001, 5 de diciembre de 2002 o 14 de noviembre de 2005, había venido sosteniendo sistemáticamente la plena admisibilidad como prueba en el procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública, de los informes periciales emitidos por la Inspección y que habrían originado el propio procedimiento penal. Y ello, porque, según el Tribunal Supremo, los Inspectores de Hacienda, en cuanto funcionarios públicos que son, sirven con objetividad los intereses generales y por ello han de considerarse legalmente investidos de la necesaria imparcialidad. Frente a lo anterior, es cierto que la sentencia de 20 de enero de 2006, citada por el voto particular que ahora se comenta, literalmente afirma “que los funcionarios de la Agencia Tributaria no pueden ser considerados peritos y sus declaraciones, en todo caso, sólo pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de ratificar y amplia, si corresponde, los hechos constatados en las actas de inspección”. Sin embargo, y aunque también se cita en esa resolución el art. 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que, como es sabido, establece las causas de recusación de los peritos-, es lo cierto que en la misma se hace un análisis muy superficial de la cuestión y desde luego nada se argumenta sobre la parcialidad o imparcialidad de los Inspectores de Hacienda; lo que sí se hace, y de manera contundente y clara, en el repetido voto particular que ahora comentamos, que recuerda precisamente dos cuestiones esenciales: 1ª Que los funcionarios de la inspección son quienes normalmente cooperan “directa y esencialmente” a la confección del material sustentador de la versión del denunciante. 2ª Que dependen además, no de la Administración Pública de forma genérica, sino de la especifica Administración que se presenta como perjudicada en la causa. A este respecto, se advierte con igual elegancia la crítica que el voto particular hace a quienes comparan la posición de los funcionarios de Hacienda intervinientes en una causa penal con la de otros funcionarios habitualmente colaboradores en los procesos por delito, como el Cuerpo de Médicos Forenses o los Gabinetes Científicos Policiales (comparación que precisamente es la que venía haciendo reiteradamente el Tribunal Supremo a la hora de admitir como informes periciales los emitidos por la Inspección de Hacienda en los procedimientos por delito fiscal). A este respecto, el voto particular recuerda atinadamente que éstos últimos “no forman parte del equipo o grupo de personas que construyeron la tesis en que se basó la denuncia y, más aún, no presentan vinculación alguna con el posible perjudicado por la infracción investigada, como sí ocurre con los inspectores de la AEAT”. De aquí que, en definitiva, sólo quepa esperar que de este voto particular pueda brotar con fuerza una verdadera línea jurisprudencial que sitúe de una vez en su justo lugar el valor de los informes de la Inspección en el procedimiento penal. Alfonso Trallero. Socio de Gabinete Jurídico Miguel Bajo.





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