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  Estado de necesidad y violencia de género: un dificil equilibrio y algunos desconciertos

La Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 21 de noviembre de 2010, confirma la absolución del acusado de quebrantamiento de una pena de alejamiento que había acudido a la llamada de auxilio de su expareja para trasladarla al hospital, al entender que concurre la eximente completa de estado de necesidad, dado que la misma se encontraba en avanzado estado de gestación y se temía por su salud.

sábado, 11 de junio de 2011

La citada Sentencia, dictada por Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, no sorprende en modo alguno porque aplique –a mi juicio correctamente- un clamoroso estado de necesidad como eximente completa, sino por el hecho en sí de que hayan tenido que dictarse nada menos que dos sentencias penales en un asunto como el allí resuelto. Efectivamente, contemplados los hechos que describe la Sentencia, surge inmediatamente la pregunta de cómo es posible que los mismos hayan requerido de un procedimiento penal completo, recurso de apelación incluido. En ellos se señala cómo la expareja del acusado -que se encontraba en avanzado estado de gestación y que no conocía a nadie más que pudiera ayudarla-, al sentir contracciones y dolores, le llamó para solicitarle que la auxiliara y acompañara al hospital, ante lo que el acusado, consciente como era de que había sido condenado en Sentencia firme a no acercarse a su ex esposa, entendió en cualquier caso que era más importante evitar cualquier tipo de daño para la salud de ésta o de su bebé y acudió al domicilio de la misma para prestarle ayuda.

En esta tesitura, debemos preguntarnos qué es lo que está fallando en el modelo de protección y erradicación de la violencia de género que hemos adoptado, pues resulta simplemente inconcebible que los siempre escasos recursos de nuestro sistema judicial deban emplearse en atender un asunto que el más elemental de los sentidos comunes debía haber resuelto a limine. No se entiende así cómo pudo abrirse un procedimiento sobre esta base y mantenerse hasta el punto de ser llevado a juicio oral; cómo es posible que tras el dictado de una Sentencia lógicamente absolutoria, aún haya tenido la misma que ser recurrida por el Ministerio Fiscal y cómo, finalmente, ha debido ser la Audiencia la que (suponemos que definitivamente) zanje dicha cuestión.

Cierto es que en esta delicada materia, la protección de la víctima no puede quedar en sus propias manos, ni, desde luego, la ejecución de lo juzgado al arbitrio de los afectados. En otro supuesto comentado en estas mismas páginas, la Audiencia de Barcelona llegó a condenar no sólo al acusado del quebrantamiento de la pena que le había sido impuesta originariamente, sino incluso a la propia perjudicada en dicho primer proceso, al considerar que había actuado como cooperadora necesaria e inductora de dicho delito de quebrantamiento, por haber sido ella la que convenció al condenado para que reanudaran la convivencia. A este respecto, cierto es que el Tribunal Supremo ha venido señalando que el consentimiento de la perjudicada no permite enervar la pena impuesta por el Juez, de modo que seguirá habiendo quebrantamiento de condena cuando el condenado por aquel primer delito de género atienda a la petición de la víctima y vulnere dicha pena de alejamiento. Y ello, por no caber disposición alguna por las partes de la pena, al derivar ésta no de la voluntad del denunciante ni del perjudicado, sino del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado.

Sin embargo, lamentablemente, la lectura de la sentencia aquí comentada sigue causando desazón y cuestiona si seguimos recordando que el Derecho está para resolver conflictos y no para crearlos.

Alfonso Trallero Masó
Abogado. Bajo & Trallero Abogados.






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